"Punta del iceberg": EU acusa a 10 funcionarios de Sinaloa de narco — y Chihuahua arde con su propio escándalo
El Departamento de Justicia estadounidense formalizó hoy cargos contra el gobernador Rubén Rocha y nueve funcionarios más; la embestida llega justo cuando Maru Campos enfrenta la crisis del narcolaboratorio El Pinal y la renuncia de Jáuregui
El mismo día en que Chihuahua vive sus horas más turbias en materia de seguridad —con un narcolaboratorio desmantelado, agentes de la CIA en territorio estatal y un fiscal renunciado—, el Departamento de Justicia de Estados Unidos encendió otra alarma nacional: diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, encabezados por el gobernador Rubén Rocha Moya, fueron formalmente acusados este miércoles 29 de abril de narcotráfico, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.
La coincidencia no es menor. En Chihuahua, la gobernadora Maru Campos lleva días en el centro del debate político nacional por el hallazgo del narcolaboratorio "El Pinal", en el municipio de Morelos, y la muerte de dos presuntos agentes de la CIA que participaron en el operativo del 18 de abril sin que ninguna autoridad haya explicado todavía quién autorizó su presencia en suelo mexicano.
Los acusados en Sinaloa
El gobernador Rocha Moya, de 76 años, enfrenta cargos de conspiración para importar estupefacientes, así como posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. La pena que podría recibir va desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua.
Junto a él aparecen en la lista: el senador morenista y exsecretario general de Sinaloa Enrique Inzunza Cazarez; el exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega; el fiscal adjunto de la FGE sinaloense Dámaso Castro Saavedra; los exjefes de la Policía de Investigación Marco Antonio Almanza Aviles y Alberto Jorge Contreras Núñez (alias "Cholo"); el exsecretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez; el exsubdirector de la Policía Estatal José Antonio Dionisio Hipólito (alias "Tornado"); el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gamez; y el excomandante policial Juan Valenzuela Millán (alias "Juanito"), este último con cargos adicionales por secuestro con resultado de muerte, lo que le garantiza cadena perpetua obligatoria.
Rocha Moya respondió tildando las acusaciones de "ataque político" no solo contra su persona sino también contra el movimiento de la Cuarta Transformación.
El espejo chihuahuense
El timing del anuncio resuena con particular fuerza en Chihuahua. Aquí, la crisis por el narcolaboratorio El Pinal detonó una cadena de consecuencias que todavía no termina: el fiscal general César Jáuregui Moreno presentó su renuncia irrevocable el lunes pasado, tras reconocer inconsistencias en la información sobre los extranjeros presentes en el operativo. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que la autorización para que los agentes estadounidenses operaran en el estado no pudo haber venido del gobierno federal, lo que coloca la responsabilidad directamente en la administración estatal.
Maru Campos, por su parte, fue convocada al Senado a comparecer ante las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, pero declinó la invitación con el argumento de que su presencia podría comprometer las investigaciones en curso. La gobernadora instruyó la creación de una Unidad Especializada para investigar el desmantelamiento del laboratorio, pero las preguntas sobre quién autorizó qué —y cuándo— siguen sin respuesta pública. La FGR atrajo el caso para determinar el alcance exacto de la participación extranjera.
El patrón que preocupa
Lo que hoy ocurre en Sinaloa, donde funcionarios de todos los niveles —desde el gobernador hasta mandos policiales municipales— aparecen vinculados al crimen organizado según la fiscalía estadounidense, obliga a los chihuahuenses a hacerse preguntas incómodas. En nuestra entidad, el escándalo del narcolaboratorio expuso no solo la existencia de una instalación de producción a gran escala en la sierra, sino la presencia de inteligencia extranjera operando sin protocolos claros ni autorización federal conocida.
En ambos estados, el hilo común es el mismo: la intervención de Estados Unidos en la seguridad interior de México —ya sea mediante acusaciones penales o mediante operativos directos— como señal de que la cooperación bilateral ha cruzado límites que la clase política mexicana aún no termina de definir ni de transparentar.
